Actividad Institucional

Los miembros de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAM asisten al Parlamento con motivo de la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias
27/March/2019

La Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAM ha venido trabajando en el nuevo modelo de los servicios sociales de Canarias durante la última década, acumulando una notable experiencia en los distintos textos normativos.

Tras la aprobación de la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la posterior aprobación de la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias, se establecían que eran las leyes sectoriales quienes definirían los servicios y prestaciones que debían desarrollar los municipios en materia de servicios sociales.

El Presidente de Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAM, D. José Manuel Molina, y vocales como D. Juan Acosta Méndez asistieron en la jornada de ayer al debate parlamentario de la nueva Ley de Servicios Sociales, aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos sobre un texto que ha sido consensuado por la ponencia parlamentaria de Servicios Sociales.

El Presidente de Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAM, D. José Manuel Molina, recordó que en el análisis de la nueva norma, se constata que nos encontramos en un momento histórico de aprobación de una moderna Ley de Servicios Sociales de Canarias, que abarca desde la atención primaria y comunitaria hasta el incremento de la financiación de la PCI para las personas con determinadas circunstancias que rozan la pobreza. Asimismo se define el régimen competencial de los entes locales, pudiendo los municipios que financieramente puedan, colaborar para realizar servicios incluso especializados.

Con una visión de un nuevo sistema de servicios sociales, considera, se abarca la aprobación de un nuevo modelo, novedoso y adaptativo a la realidad social en que vivimos, dirigido a las personas y a los más desfavorecidos.

Se prioriza con ello, el derecho individual de las personas durante toda su vida según sus necesidades y dando participación en un sistema integrado de servicios sociales a todos, incluyéndose al tercer sector.

Además el ciudadano/a podrá reclamar tanto en vía administrativa como judicial sus derechos, reconociendo, si hubiera una estimación en vía judicial, la propia Administración la vulneración de tal derecho.

Garantiza la ley además, la mejora en la situación de exclusión social de aquellas personas que tienen falta de ingresos económicos y están alejadas del mercado de trabajo, con un descenso de la participación social y perdida de los derechos sociales, creando redes sociales de apoyo.

En el texto, se presta atención a los mecanismos de la ley de desprotección infantil y la defensa de la infancia y la adolescencia; la desprotección de los mayores y las personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo programas de tutelas, protección y defensa de los derechos.

La universalidad del sistema queda definida como derecho subjetivo del usuario, planteándose de una forma descentralizada, y favoreciéndose la permanencia en el entorno habitual de convivencia del usuario.

Se proyecta además programas de evaluación continua de las administraciones que permitan una planificación coherente por los tres niveles, cooperando en lo que fuera necesario con la iniciativa privada.

La atención al usuario, será personalizada e integral (mediante un plan de intervención social personalizado), ajustado a sus necesidades personales, y debiendo garantizarse la continuidad de la atención, aun cuando implique a distintas administraciones o sistemas.

Para ello deberá tener asignada una persona titulada en trabajo social como profesional de referencia.

Las personas usuarias del sistema tendrán derecho a recibir atención en el propio domicilio familiar, cuando tengan dificulta grave de movilidad física e incluso a dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de su capacidad de obrar en caso de pérdida de autogobierno.

Además, se compromete la Ley a desarrollar el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en un periodo de 6 meses, actualizándose cada dos años en el foro del Consejo General de Servicios Sociales.

Se establecerá asimismo un plan de intervención social personalizado, y se asignará a un trabajador social de referencia a cada usuario se le realizará una historia social única Los municipios tendrán competencias en los servicios sociales de atención primaria y comunitaria donde se contará con un equipo según población referencia contando con un ratio mínimo.

Se crea por último, el sistema canario unificado de información de los servicios sociales con la información relativa a todas las entidades que intervienen en el sistema público de servicios sociales y se potencia la colaboración entre lo social y lo sanitario, en especial en las situaciones de dependencia, menores con trastornes y personas que requieran rehabilitación social.