El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, rubricó ayer, acompañado del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, y junto a más de treinta colectivos institucionales, sociales, económicos, colegios profesionales y grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias, el nuevo Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, un documento que nace fruto del consenso y de la cooperación con todos los agentes implicados en el sector de la vivienda en el Archipiélago. La FECAM, una de las entidades firmantes, estuvo presente a través de su presidenta, María Concepción Brito. La Federación y el Gobierno de Canarias colaborarán para poner en marcha un registro municipal de zonas en estado de abandono. Esta iniciativa permitirá favorecer actuaciones de rehabilitación y renovación.
El Parlamento de Canarias fue el lugar elegido para la firma de este Pacto, que supondrá el pistoletazo de salida a un acuerdo que por primera vez se realiza para definir las políticas de vivienda en la Comunidad Autónoma y que servirá de hoja de ruta al nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2023, que también se presentará al Parlamento en el primer semestre de este año.
Afrontar la problemática de la vivienda en las Islas.
El objetivo fundamental de este Pacto, el primero dedicado exclusivamente a afrontar la problemática de la vivienda en las Islas, es adoptar y poner en marcha las acciones y medidas necesarias para proporcionar a la ciudadanía de las islas, a las familias, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, generando también la implicación y participación de los agentes sociales y privados involucrados en el ámbito de la vivienda.
Se trata de establecer una serie de acciones y medidas que salgan de un análisis más equilibrado, adecuado y ligado con las circunstancias económicas, financieras y sociales del momento actual de acuerdo con los siguientes fines: facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social; incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio de impulso económico del sector; facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas; y, fomentar la política de rehabilitación de la edificación en núcleos urbanos y rurales, no sólo con programas de subvenciones, sino con incentivos que actúen como catalizador.
