La comisión insular de La Palma se reunió este pasado miércoles, 30 de septiembre, para analizar algunos de los asuntos que más afectan a las corporaciones municipales de la isla. Entre los puntos del día, figuraba el Plan de Infraestructuras y Servicios Sociales Municipales. Los Ayuntamientos de la isla acordaron dirigirse al Cabildo Insular de La Palma, con el objeto de que se restablezca el plan de referencia en la cuantía de ejercicios anteriores, y en caso de que ello no fuera posible por la falta de recursos, los mismos disminuyan en el mismo porcentaje que el presupuesto del Cabildo Insular.
También se abordaron las obligaciones higiénico-sanitarias que deben asumir las Corporaciones Municipales en los centros escolares como consecuencia de los gastos que se generen por la pandemia del COVID-19. Tras un breve debate, se señaló que es necesario tener conocimiento del marco competencial para determinar las obligaciones que corresponden a los Ayuntamientos y a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Por otra parte, la comisión también acordó solicitar una reunión con el Director del Área de Salud de La Palma y con la Directora Insular de la Administración General del Estado, con el objeto de clarificar las diversas dudas que surjen en los aforos de los actos y reuniones a celebrar por estas y en especial solicitar la agilidad en las autorizaciones de los planes de contingencias.
En cuanto a la cita previa ante las Administraciones Públicas, los miembros de la Comisión señalaron los inconvenientes que están surgiendo en la atención a los ciudadanos, que en algunas ocasiones han originado importantes perjuicios para estos ( SEPE, INSS y Agencia Tributaria, dependientes de la Administración General del Estado y Agencia Tributaria Canaria, Servicio Canario de Empleo, Direcciones Generales de Servicios Sociales y Dependencia, entre otros, dependientes del Gobierno de Canarias..) por lo que es necesario establecer los mecanismos adecuados para solucionar dichos inconvenientes.
Los alcaldes y alcaldesas hicieron hincapié en la unidad de acción frente a las construcciones y actividades ilegales en el medio rural y espacios protegidos. Por ello, acordaron solicitar una reunión conjunta entre la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Gobierno de Canarias, Dirección Insular de la Administración General del Estado, Cabildo Insular de La Palma y Ayuntamientos de la Isla para establecer criterios conjuntos para resolver el asunto de referencia.
